La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura criminal que creó empresas de papel en Valle del Cauca para reportar afiliaciones fraudulentas de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social. 

Esto con la finalidad de acceder a subsidios y otros beneficios monetarios que ofrecía al Gobierno Nacional para conjurar la emergencia económica y social por el Covid-19.

El ente acusador le imputó los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

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Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que fueron asegurados en centro carcelario de manera preventiva.

Según la Fiscalía, estas personas son señaladas de simular actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción, servicios temporales y cooperativas; e inducir a trabajadores independientes para que firmaran documentos falsos que no reflejaban su realidad laboral. En algunas oportunidades los empleados se acercaban voluntariamente para que les fueran liquidados los aportes a seguridad social a un menor valor de lo que en realidad debían cotizar.

Posteriormente, la organización acudía ante las autoridades competentes, presentaba contratos y certificaciones de nóminas fraudulentas para simular vínculos laborales, y reclamaba subsidios y beneficios fiscales. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, por cada trabajador ficticio podría recibir entre $90.000 y $454.000. De esta manera, entre 2020 y 2021 se apropiaron de $5.000 millones de manera ilegal.